México lindo y querido, también, violento y corrupto
La caída de un hombre no es un triunfo; el poder salir a la calle sin miedo es la verdadera victoria.
En México es posible que quepan dos realidades y que, dentro de este contexto, coexistan y una no elimine a la otra. Por un lado, no cabe duda de que vivimos en un país hermoso, lleno de cultura y tradiciones, colores vibrantes, una historia fascinante, gente amable, comida exquisita y ecosistemas diversos; por otro, somos uno de los países más violentos.
Me gusta hacer énfasis en las dos caras de México, porque, dentro del orgullo de ser mexicanos, lo hemos defendido con “la violencia no es México, somos mucho más que eso”, y sí, pero que no se nos olvide que también vivimos en un país violento, con instituciones que no funcionan y nos fallan todos los días. No hay que dejar que el hecho de que no nos ocurra a nosotros signifique que no está ahí o que no existe.
La violencia ha permeado México y nos afecta a todos, aunque sea de forma indirecta y la sintamos ajena. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, nuestro país es el que cuenta con el mayor número de ciudades más violentas del mundo, con un total de 17 dentro de las primeras 50 del mundo. Sin contar que aproximadamente se asesinan 80 personas y desaparecen 40 cada día.
¿Qué sucede con la violencia que nos rodea? ¿De verdad que lo que pasa no nos afecta a todos?
Lo ocurrido el domingo 22 de febrero tras la captura y luego abatimiento de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, nos deja algo claro: el país no nos pertenece, nuestro territorio es de aquellas potencias extranjeras como Estados Unidos —principal fuente documentada del flujo de armas hacia México— y de otros mercados internacionales, entre ellos el israelí, desde donde se comercializa armamento que puede terminar en manos criminales; del narco y los cárteles; y de un Estado que desborda negligencias políticas, un Estado que ha dado su consentimiento para que estos grupos crezcan y un Estado que, en algunos casos, se ha convertido en el propio narco.
En estos días me han rondado por la cabeza varias preguntas sobre la situación actual. ¿Estamos ante una serie de actos que podrían calificarse de terrorismo? ¿Podría hablarse de México como un Estado fallido? ¿O más bien nos encontramos ante un proceso de debilitamiento institucional en el que el Estado ha cedido tanto poder al crimen organizado que ha perdido —o comparte— el control del territorio y el sistema?
La gravedad de la situación de violencia en México exige una denominación. Nombrar un fenómeno implica reconocerlo y, por lo tanto, delimitar las herramientas adecuadas para enfrentarlo. Es necesario, primero, en memoria de las víctimas inocentes a quienes se les ha reducido a “daños colaterales” o “estaba en el lugar equivocado”; y segundo, porque cuando algo se nombra, se espera que se tomen medidas proporcionales a su magnitud.
En el debate ha surgido la palabra “terrorismo”. Estados Unidos ha designado a ciertos cárteles como organizaciones terroristas; en México, esa palabra ha suscitado resistencia. No pretendo dar a entender que estoy a favor de una intervención extranjera ni promover discursos alarmistas, sino preguntarnos si los patrones de violencia que se viven en nuestro territorio encajan en esa categoría.
Dado que en la academia existen más de cien definiciones diferentes de terrorismo, no se ha logrado adoptar una universalmente aceptada. Para Manuel Osorio, se trata de actos de violencia contra las personas, la libertad, la propiedad, la seguridad y la tranquilidad pública. Henry Kissinger lo describió como ataques indiscriminados contra civiles con el fin de romper el tejido social. El artículo 139 del Código Penal Federal Mexicano establece que incurre en terrorismo quien, mediante explosivos, armas u otros medios violentos, realice actos que produzcan alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional. Y las Naciones Unidas lo definen como intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la violencia, lo que resulta en muerte o lesiones graves.
En el análisis de las definiciones anteriores y otras, suelen repetirse ciertos condicionamientos: violencia intencional, impacto psicológico, población y bienes civiles como blanco, inestabilidad social y, en muchos casos, presión política. Bajo esos criterios, la respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el domingo, en forma de incendio de vehículos, bloqueo de autopistas, ataques a instalaciones de la Guardia Nacional y generación deliberada del pánico, logra mandar un mensaje poderoso. El caos comunica y han logrado hacernos saber que tienen la capacidad de tomar nuestro país cuando quieran.
Lo ocurrido este fin de semana en Jalisco, de manera más notoria, pero también en otros estados de la república, no es algo nuevo. El ejemplo más claro es la crisis de violencia en el estado de Sinaloa, que ha aumentado desde su inicio hace dos años y no ha logrado ser controlada por el Estado mexicano, con un contexto de desapariciones y asesinatos diarios de gente inocente, mientras ellos mismos son quienes tienen que enfrentarse a la realidad de cerrar negocios temprano y vivir asustados de no quedar entre el fuego cruzado. Dicho esto, paso al siguiente punto: ¿Es México un Estado fallido?
Aunque este término suele ser polémico, un Estado fallido es, en términos generales, aquel que no puede garantizar su propio funcionamiento o los servicios básicos de su población, ya sea porque ha perdido el monopolio de la fuerza, sufre un vacío de poder, tiene legitimidad disputada o instituciones frágiles, o carece de capacidades y recursos para satisfacer las necesidades esenciales de sus ciudadanos, entre otras causas. Se caracterizan por su incapacidad para controlar el territorio, la falta de autoridad o la pérdida de presencia ante la comunidad internacional.
Aplicando con rigor estos criterios, México no encaja plenamente en la definición; sin embargo, no descartar la etiqueta de “Estado fallido” no implica ignorar elementos presentes en nuestro país. El monopolio legítimo de la fuerza ha sido desafiado por los grupos criminales con una capacidad armamentística de alto nivel. Aunque el Estado no ha desaparecido, en algunas regiones sí se disputan los espacios de autoridad. La fragilidad institucional se hace presente en los altos niveles de impunidad, corrupción y la presencia de narcopolíticos. Además, existe una incapacidad para garantizar la seguridad en determinadas zonas, lo que evidencia la falta de control territorial y el ejercicio de este por parte de organizaciones criminales. No somos un Estado fallido, pero puede resultar preciso describir a México como un Estado frágil o debilitado, donde, aunque no exista un colapso total, mostramos señales de una erosión institucional.
Más allá de etiquetas y especificaciones jurídicas, el punto focal se centra en la violencia en México no como un hecho aislado ni un fenómeno reciente, sino como el resultado de años de corrupción, impunidad y de un Estado que ha cedido el poder al narco y que también se ha convertido en él. Se ha priorizado el interés propio, ya sea económico o político, por encima de la vida de los mexicanos. No hay gobierno que pueda deslindarse de la situación que hoy vivimos, o que haya sido lo suficientemente valiente para erradicarla. Sin duda, no comenzó con la actual o anterior administración, pero tampoco ha sido resuelta ni ha logrado mejorar nada. Porque sí, la violencia en nuestro país no es una tragedia ni un accidente, sino una construcción histórica en la que los propios políticos están involucrados, y frente a un gobierno que no puede controlar a su propia gente, ¿cómo espera controlar a un país que arde en llamas?
Lo anterior me ha dejado con preguntas aún más incómodas respecto a la responsabilidad y las acciones a tomar. ¿Quién responde por esta realidad? ¿Es exclusivamente una falla del Estado mexicano o también existe una responsabilidad que involucra a diferentes actores?
La responsabilidad, sin duda, no termina en las fronteras internas. Estados Unidos es el principal mercado consumidor de drogas producidas y traficadas por los cárteles mexicanos. El flujo de armas provenientes de este territorio, así como de otros mercados internacionales, fortalece el poder militar de estos grupos. Además, distintos casos judiciales han demostrado que parte del sistema financiero internacional ha sido utilizado para lavar recursos de estas organizaciones. Un país como Estados Unidos no puede condenar la violencia mientras sostiene la demanda que la financia, permite el tráfico que la arma y convierte su dinero sucio en limpio. Simplemente, la violencia en México no puede ser señalada por quienes influyen en que exista, y así como nosotros hemos sido identificados como los que “envenenan Estados Unidos”, ellos tienen que hacerse responsables de exportar las armas que luego serán utilizadas para asesinar a inocentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado en las mañaneras de esta semana que hubo un intercambio de información para el operativo del domingo. Pero se necesita más que eso; se requiere una cooperación real en la que se combata el lavado de dinero dentro del sistema financiero estadounidense, se frenen las rutas de tráfico de armas y se detenga la demanda. El presidente estadounidense, al calificarnos de violentos, simplifica la compleja realidad que ha llevado al crimen a estar donde está hoy, y una falta de presión por parte del gobierno mexicano hacia Estados Unidos para que se haga responsable nos convierte en tibios.
Sin duda, el peso principal de la responsabilidad y la obligación de brindar seguridad recae en el Estado mexicano. Es importante que el gobierno reconozca la gravedad del problema al que nos enfrentamos y deje de dar cobijo al crimen organizado. Por un lado, es necesario que lleven a la justicia a todos los narcopolíticos. Recientes investigaciones por parte de la organización Narcopolíticos señalan al senador de MORENA Carlos Lomelí por vínculos con el CJNG, al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, del partido MORENA, por reuniones con el Rey del Huachicol, gobernadores locales como Alfredo Ramírez Bedolla, igualmente del partido MORENA, por vínculos con Cárteles Unidos, entre otros. Es imposible combatir lo que ha penetrado en las estructuras e instituciones que deberían protegernos. Es por eso que resulta indispensable adoptar medidas contundentes que sean coherentes para frenar el avance y el control por parte del crimen organizado no solo del territorio, sino también del gobierno.
Por otro lado, es necesario aprender de la historia y hacer las cosas bien. La neutralización de “Mencho” fue un mensaje y un golpe importantes por parte del gobierno, pero está lejos de ser una victoria para México. Si el abatimiento de uno de los líderes más buscados y peligrosos no trae seguridad, sino que siembra miedo en las calles, pánico e incertidumbre, aunque caiga, su legado no desaparece; simplemente su lugar pasa a ser del sucesor, y muchas veces un reacomodo en el poder viene acompañado de más violencia e inestabilidad. El éxito de una estrategia de seguridad no puede medirse únicamente por la captura o el asesinato de un capo. Si la cabeza cae sin un desmantelamiento previo de la estructura financiera, operativa, política y militar que la sostiene, el poder solo se acomoda en otro lugar y el problema, lejos de resolverse, se agrava. La caída de un hombre no es un triunfo; el poder salir a la calle sin miedo es la victoria.
Por último, el narcotráfico no se ha sostenido únicamente con armas y permiso del gobierno, sino también con nuestro adormecimiento frente a las noticias y el sufrimiento de cientos de familias, la normalización de un entorno que solo fortalece al crimen organizado, un consumo ignorante de sustancias ilícitas y una cultura que ha decidido acogerlos. Se tiene que expulsar el crimen organizado no solo del gobierno, sino también de nuestra música, de nuestras series y películas, y de nuestros vicios recreativos.
Sin embargo, la responsabilidad de no romantizar trayectorias criminales por ser lujosas o fáciles, de cuestionar nuestro consumo y de dejar de convertir en leyenda a capos que únicamente han dejado dolor, no recae únicamente en la sociedad, mucho menos en quienes viven contextos de exclusión. Culpar a los propios mexicanos del fenómeno del narcotráfico es ignorar la desigualdad, la precariedad y el abandono institucional estructural que han limitado sus opciones. Ser reduccionista al afirmar que el problema surge de decisiones individuales simplifica una realidad compleja, invisibilizando entornos que han empujado a muchas personas a sobrevivir a situaciones que no eligieron y donde el Estado no ha sido capaz de garantizar oportunidades o alternativas reales.
La violencia en México la sufre la sociedad, no la define. Existen sistemas políticos, económicos y geopolíticos que la toleran, la administran y se benefician de ella. Por eso, la pregunta no es únicamente si vivimos bajo el terrorismo de grupos criminales, una crisis institucional o de seguridad, sino si estamos dispuestos, ya sea el Estado, la comunidad internacional o la ciudadanía, a asumir la responsabilidad que nos corresponde. Nombrar es el primer paso; sostener esa etiqueta exige consecuencias; no normalizar la violencia nos hace valientes, y el desafío está en asumir la complejidad de nuestro país.
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