La violencia servida en nuestra mesa
Ser agricultor en México es enfrentarse a un mercado difícil, y además, a la amenaza constante de la violencia.
Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que ocurre, y qué vidas están en riesgo para que podamos disfrutar unos tacos con tortilla de maíz un sábado por la noche, preparar un pico de gallo con aguacate y jitomate para echárselo a los molletes del desayuno, o exprimir un limón sobre nuestras papas mientras vemos una película en domingo. Seguramente no. Y está bien; no estamos entrenados para racionalizar nuestros alimentos.
Pero eso tiene que cambiar. Detrás de estos productos existe una dura realidad en México que nos afecta a todos; una compleja intersección entre la producción agrícola, la violencia estructural y el control territorial del crimen organizado.
El lunes 20 de octubre México volvió a amanecer de luto. Ese día, Bernardo Bravo Manríquez se convirtió en una de las muchas personas valientes que son asesinadas en nuestro país por alzar la voz y defender lo justo. Una voz más silenciada por un contexto mexicano que nos rebasa a todos, incluyendo autoridades.
Bernardo era presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán e integrante de la Asociación Nacional de Citricultores de México. Este lunes, su cuerpo fue encontrado en su vehículo con signos de violencia en la carretera entre Apatzingán y Cenobio, una zona controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), catalogado como uno de los cárteles más peligrosos y violentos del mundo.
De acuerdo con datos de 2024 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México se cometen en promedio 80 asesinatos diarios. Bernardo fue parte de la cuota de ese día. Y lo digo así con impotencia, porque al gobierno parece no importarle, ya que siguen haciendo falta acciones concretas proporcionales al tamaño de esta crisis.
Bernardo no es el único. Es el tercer productor de limón asesinado en un año. José Luis Aguiñaga el 12 de septiembre de 2024. Rogelio Escobedo Peñaloza el 30 de noviembre de 2024. Los tres asesinados por la misma razón, bajo amenazas y extorsiones previas.
Bernardo no es un número más, es una historia que representa la lucha agrícola que se encuentra amenazada por el crimen organizado, donde desde hace dos años comenzaron a cobrar dos pesos por kilo de limón. Bernardo era un actor clave para la resistencia del sector agrícola frente al crimen organizado, y una persona que velaba por la justicia de los ingresos de los productores de limón en la comunidad.
Fue uno de los convocantes a la manifestación del 12 de octubre por la caída del precio del limón a siete pesos por kilo en el estado de Michoacán, en el centro de Morelia y Apatzingán. Ser agricultor en México es enfrentarse a un mercado difícil, y además, a la amenaza constante de la violencia. Y lo que casi nunca vemos es que son ellos quienes sostienen nuestra alimentación; lo que les pasa a ellos, repercute en todos nosotros.
El abandono del Estado también ha dejado al sector agrícola bajo el control criminal. Millones de agricultores viven amenazados, son privados de sus ingresos, desplazados de sus tierras, y en algunos casos, asesinados por defender lo que les pertenece.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2022 había 2.4 millones de personas dedicadas a la agricultura. A finales de 2024 de acuerdo a la Dirección General de Servicios de Información Agroalimentaria, se reportaron 6.2 millones de personas empleadas en el sector primario, donde la agricultura, y actividades relacionadas con el campo como la ganadería, representan el 10.6% de la población ocupada en todo el país. Son millones de personas que viven bajo la lógica de la extorsión y el miedo; su vida, su herencia, su cultura y la seguridad alimentaria del país están en riesgo. El gobierno y nosotros como consumidores no podemos ser indiferentes ante el peligro al que están expuestos.
El crimen organizado son ahora quienes tienen el control absoluto de los productos de nuestros platos, sometiendo comunidades enteras a su voluntad.
- En Michoacán, el aguacate se produce bajo la imposición de cuotas desde hace décadas. Hoy en día, los aguacateros han aceptado esta realidad; la coerción y la extorsión es el estilo de vida de las regiones productoras de aguacate.
- En diciembre de 2023, una confrontación entre sicarios y agricultores, resultó en 14 personas sin vida en el pueblo de Texcaltitlán, Estado de México, debido a la defensa de la tierra por parte de los agricultores ante las extorsiones.
- En agosto de 2024, limoneros de Apatzingán y Buenavista suspendieron la producción por la extorsión y las amenazas.
- Los granos de consumo nacional producidos en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, el Bajío y Tamaulipas pasan por extorsión de grupos criminales.
- La ganadería también atraviesa esquemas de extorsión, ya que, se cobra la crianza de ganado en estados como Jalisco, Durango y Zacatecas.
Forbes México reporta que el 76.8% de las cadenas de valor alimentario en el país están afectadas por la extorsión. Es un sistema, no son casos aislados.
La violencia no solo resulta en homicidios, también está expulsando a los productores de alimentos de México. Una organización en Estados Unidos estimó que en 2024 había cinco millones de trabajadores agrícolas nacidos en México empleados en granjas estadounidenses y canadienses. La migración proveniente de comunidades rurales es un fenómeno multicausal, pero la violencia y las extorsiones son una de ellas.
En caso de que esto siga ocurriendo, las consecuencias son graves: el abandono del campo se quedará en manos del crimen organizado, la pérdida de soberanía alimentaria, la alza de precios, y un incremento de la dependencia a productos importados. Los productos mexicanos ya no son sólo un tema de seguridad pública, es un tema de seguridad alimentaria nacional.
La comida mexicana está manchada por la violencia, no podemos normalizarlo. La subida del precio del limón o el aguacate tiene como fondo un sistema de amenaza y extorsión sobre quienes producen lo que comemos.
El 21 de octubre, en la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum lamentó y mencionó que debía haber justicia ante el asesinato de Bernardo. Lo hemos escuchado antes ya, es un discurso repetido. Como mexicanos, necesitamos ver acciones que de verdad reviertan y prevengan los homicidios en nuestro país, no pueden seguir permitiendo que cada día 80 familias pierdan a sus seres queridos gracias a la violencia en México.
Señora presidenta, yo necesito herramientas para creer que podemos alzar la voz, porque hasta ahora, el mensaje que recibimos es el de tener miedo, que denunciar mata, que defender la tierra mata, que reclamar justicia mata, y que es más seguro abandonar nuestro hogar que resistir, porque de otra forma, el asesinato se convierte en opción.
El campo mexicano no puede ni debe esperar. No puede seguir habiendo omisión por parte del Estado. Y nosotros, no podemos, ni debemos mirar hacia otro lado; lo que ocurre en los campos de cultivo, repercute en todos los mexicanos. Al normalizar la violencia, no solo perdemos a los productores, también perdemos la posibilidad de alimentarnos en paz.
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